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El proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha suscitado un debate profundo en el país, no solo por la figura que representa, sino por la manera en que se ha conducido el caso. Lo que comenzó como una denuncia contra falsos testigos terminó convirtiéndose en un proceso en su contra, alimentado por testimonios inconsistentes, declaraciones cambiantes y serias dudas sobre la legitimidad de las pruebas presentadas.

Muchos colombianos ven con preocupación cómo este juicio se ha desviado de los principios de imparcialidad y ha tomado un tono abiertamente político. La figura de Uribe, quien lideró una lucha frontal contra el terrorismo y dejó un legado en materia de seguridad y crecimiento económico, ha sido blanco constante de sectores que buscan desacreditarlo por medios judiciales.

No se trata de evitar que la justicia actúe, sino de exigir que lo haga con transparencia, equidad y sin sesgos ideológicos. Cuando los procesos judiciales se utilizan como herramientas de venganza política, no solo se afecta al acusado, sino que se debilita la institucionalidad y se rompe la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho.

El expresidente Uribe ha comparecido con respeto ante la justicia, ha dado la cara y ha respondido a cada acusación. Merece un juicio justo, libre de presiones mediáticas y de intereses ajenos a la verdad. La historia juzgará no solo el resultado, sino también la forma en que se ha llevado este proceso.

Hoy más que nunca, Colombia necesita una justicia que sirva a la verdad, no a la polarización.